Hace apenas tres años, el debate sobre los celulares en las aulas parecía limitado a discusiones puntuales dentro de cada escuela: padres preocupados por las distracciones, docentes frustrados por las pantallas encendidas y adolescentes convencidos de que podían estudiar mientras respondían mensajes. Hoy, ese debate se convirtió en una de las políticas educativas de mayor expansión a nivel mundial.
Un crecimiento que la propia UNESCO describe como un punto de inflexión
Según el informe más reciente de la UNESCO, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal sobre el uso de celulares en las escuelas pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 58% en 2026 —es decir, 114 sistemas educativos en todo el mundo. El organismo describe este cambio como el fin del entusiasmo inicial por la tecnología educativa sin límites, reemplazado por una postura de regulación consciente: el celular puede ser una herramienta útil, pero su uso desmedido está afectando directamente el núcleo del proceso de aprendizaje.
El consenso es particularmente fuerte en los primeros años escolares. La mayoría de los países coincide en priorizar restricciones más estrictas en educación inicial y primaria, etapas donde se considera que el desarrollo de la atención y la socialización son incompatibles con la sobreexposición a pantallas.
Distintos modelos, un mismo objetivo
No todos los países abordan el problema de la misma manera. El informe identifica al menos dos grandes enfoques: la prohibición total, adoptada por países como Francia —pionera desde 2018, endurecida en 2025 con la obligación de guardar los dispositivos en lockers—, Países Bajos y China; y modelos más flexibles, como el de Brasil, Finlandia y Dinamarca, que permiten el uso del celular únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente directa. También existen sistemas más descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada escuela define sus propias normas internas.
Cuatro países de Latinoamérica ya tienen ley nacional
La región no se ha quedado al margen de esta tendencia. Hasta marzo de 2026, cuatro países latinoamericanos cuentan con leyes nacionales específicas sobre el tema: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Brasil introdujo la prohibición a nivel federal tanto dentro de las aulas como durante los recreos, aplicable a todos los planteles de primaria, secundaria y bachillerato. Un estudio de la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford encontró que, apenas meses después de su entrada en vigor, la medida mejoró los resultados en matemáticas y lengua, además de aumentar los niveles de atención y la interacción entre maestros y alumnos.
Chile, por su parte, aprobó en diciembre de 2025 una ley nacional que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en todos los planteles escolares públicos y privados, vigente desde marzo de 2026. El propio ministro de Educación chileno calificó el uso descontrolado de estos dispositivos en las aulas como una «pandemia» educativa. Paraguay, en cambio, optó por limitar la regulación exclusivamente a los estudiantes de primaria, un enfoque compartido con Ecuador, debido a que en muchas escuelas secundarias de la región el celular sigue siendo la única herramienta tecnológica real disponible para los alumnos.
La evidencia científica, sin embargo, es más cautelosa
Vale la pena matizar el entusiasmo detrás de estas políticas: la evidencia disponible no es del todo concluyente. Aunque las investigaciones muestran de forma consistente que la prohibición reduce las distracciones y el uso de dispositivos dentro del aula, los resultados sobre mejoras directas en el rendimiento académico son más dispares. Algunos estudios registran avances moderados, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o de sectores vulnerables; otros no encuentran cambios significativos, incluso en contextos con restricciones estrictas.
Un debate que seguirá creciendo
Con el 58% de los países del mundo ya aplicando algún tipo de regulación y la tendencia en clara expansión, es previsible que más países de la región —incluidos aquellos que hoy solo cuentan con normativas estatales o regionales, como México— avancen hacia legislaciones nacionales específicas en el corto plazo.
