El magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha decidido este jueves dejar en libertad al empresario Juan Muñoz, esposo de la conocida presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, sin imponerle alguna medida cautelar, después de haber sido investigado por un presunto encargo al comisario jubilado José Villarejo.
Ante este hecho, el hermano del empresario, Fernando y dos abogados de la familia han declarado y deben hacer acto de presencia mensualmente ante el juzgado, con el fin de mantener informado a las autoridades cuando tengan intención de salir del país. Esta acción la ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción por lo que la deben cumplir.
El motivo que indujo a la detención del empresario, a su hermano y a los dos abogados se relacionó por el hecho de una reunión que sostuvieron con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien ha sido investigado por revelar secretos y extorsión en la Audiencia Nacional.
Dicha reunión fue grabada y conversaron sobre un video que desprestigiaba al exjuez Francisco Javier de Urquía, quién estaría como abogado de otro empresario que tiene una deuda con Muñoz. Cabe destacar, que el exjuez fue expulsado de su carrera profesional en el año 2007 tras haber aceptado dinero de uno de los presuntos implicados en la “Operación Malaya”.
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Esta información ha sido revelada por voceros que estuvieron presentes en el interrogatorio de este jueves que llevó a cabo el juez Diego de Egea a los cuatro detenidos y al mismo Villarejo, quien fue trasladado a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Estremera en Madrid y en donde cumple condena de prisión desde el pasado mes de noviembre, como medida preventiva mientras continúa las averiguaciones.
Estas fuentes revelan, que el comisario jubilado se habría negado a responderle a De Egea y a los fiscales Anticorrupción las preguntas que le hiciera sobre el caso. Cabe recordar, que Villarejo ha sido implicado en el “Caso Tándem”, tras su presunta vinculación a actividades irregulares, en donde fueron afectados varios clientes, entre ellos estaría el empresario Juan Muñoz.
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Por otra parte, el Juez Urquía, de quien estarían hablando en esa reunión, fue expulsado por el Consejo General del Poder Judicial, por haber sido condenado por 21 meses de suspensión y una multa de 73.800 euros por el Tribunal Supremo a raíz de su vinculación con la actividad corrupta en la “Operación Malaya”.
Por ahora Juan Muñoz queda en libertad, pero el caso continúa investigándose por la magnitud del blanqueo de capitales y la puesta en marcha de una organización criminal.